El Economista Accidental

Clos frenó el concurso de acreedores de Habitat antes de las elecciones.

“Algunos ilustres están haciendo llamadas para esconder la quiebra de numerosas inmobiliarias”. Este fue uno de los comentarios más escuchados en el sector del ladrillo en plena campaña electoral el pasado mes de marzo. Y los hechos así parecen haberlo demostrado.

El entonces ministro de Industria, Joan Clos, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, e incluso el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, intervinieron de forma directa para que hasta 38 entidades refinanciaran la deuda de Habitat, la quinta inmobiliaria española, y evitaran el concurso de acreedores justo antes de las elecciones. De hecho, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puso 115 millones y el Instituto Catalán de Finanzas otros 75 más.

La deuda

Habitat Inmobiliaria acumulaba entonces una deuda 1.590 millones de euros, casi 710 millones más respecto a los compromisos financieros que le han arrastrado ahora al concurso de acreedores.

Los más presionados entonces por el Gobierno fueron Deutsche Bank y Barclays, los más reticentes a la firma del crédito sindicado que encabezaba La Caixa. Barclays fue, de hecho, el que más pegas puso. El banco británico no estaba dispuesto a firmar sin que los gestores de la promotora dieran un signo de confianza.

El banco se preguntaba por qué tenía que respaldar a los gestores de la promotora cuando ellos mismos habían arrastrado a la compañía a esa situación. Por eso, la entidad envió una carta al Consejo de Administración para solicitar un nuevo ejecutivo al mando de la promotora que controlara las riendas, algo que al final no se produjo. Bruno Figueras, presidente de la empresa, siguió al frente de la misma.

Sólo cinco acreedores ya acaparaban más de la mitad de los 1.600 millones del préstamo sindicado en junio. Son La Caixa (232,3 millones, aunque ayer dijo que ahora son 199 millones), Caja Madrid (220), Santander (218), BBVA (200 millones), Banco Popular (160 millones) y Sabadell (119). También el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, y el Instituto de Crédito Oficial prestaron unos 150 millones. Fuentes del Ejecutivo catalán matizaron que el préstamo del ICF se redujo a 78 millones, de los cuales había provisionado buena parte. El resto de la deuda, hasta llegar hasta los 2.300 millones, corresponde a créditos hipotecarios, pólizas y pagos a proveedores.

Cabe destacar qe dos organismos públicos, con dinero de los españoles le han prestado dinero a este burgues de la “progresía”, que lo más cerca que debería estar es de los barrotes de la cárcel.

Segunda mayor quiebra del sector

Esta suspensión de pagos es la segunda mayor del sector en la historia, tras la presentada por Martinsa-Fadesa el pasado verano, ya que supera a la de Grupo Tremón, que se declaró insolvente hace algo más de una semana con una deuda de 900 millones.

Y lo peor es que no han sido las únicas. Una de las primeras en caer fue la inmobiliaria valenciana Llanera, a la que las dificultades para refinanciar su deuda, cercana a los 700 millones de euros, llevaron en octubre de 2007 a solicitar la suspensión de pagos de todas las empresas del grupo. En los siguientes meses se produjo un goteo incesante de pequeñas y medianas empresas que optaron por la vía concursal ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas por la falta de liquidez derivada de la crisis financiera internacional. Desde entonces hasta ahora la deuda de inmobiliarias en trámite de concurso de acreedores supera ya los 10.500 millones de euros.

Un proceso sin freno

Y el goteo ha sido constante tras las elecciones. La crisis financiera y la falta de liquidez y crédito bancario ha arrastrado ya, entre otras, a compañías como Jale, Contsa, Lovipro, Prasi o la bilbaína Ereaga. Tras las elecciones generales del 9 de marzo, se han declarado también insolventes el grupo Lábaro, Cosmani, SEOP, Urazca y Promodico.

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