El Economista Accidental

Esto se debe principalmente a la idea de que la crisis actual no es económica sino financiera, en el sentido de que ninguna entidad financiera se fía de ninguna otra, porque no publican ninguna su “real” índice de morosidad. No se prestan dinero entre ellas con lo que deben de acudir al mercado interbancario , estando en España en el punto que nadie quiere prestar a nadie, motivo por el cual se debe de acudir al mercado de dinero europeo, llegándose a pagar diferenciales del 1,5 y 2% para poder recibir dinero de otra entidad.

Las tensiones de liquidez son enormes, existiendo en estos momentos, poderes públicos con os ojos fijados en el funcionamiento de alguna que otra entidad (caja más concretamente), que si fuese en época de los inicios de los años 90, ya estaba más que intervenida (como fue Banesto en su momento). Se han concedido cantidades ingentes de créditos sin haber en contraprestación garantías suficientes, motivo por el cual cuando las circunstancias económicas han cambiado bruscamente, la tensión y la morosidad generada, motiva que algunas entidades posean menos garantías reales que préstamos concedidos, por lo cual, ante un “eventual e improbable” impago total de sus deudas, se vería abocadas a cerrar.

¿Que ocurriría si a un cliente que en su momento se le concedió una operación, por ejemplo hipotecaria con garantía de su inmueble o vivienda habitual, y esta sufriese una devaluación en su valor del más del 20%, que por otra parte es lo que están algunos especialistas diciendo que es lo que va a ocurrir?

Con este nuevo Decreto (Solbes), las entidades estarían facultadas, según la Ley Hipotecaria para solicitar a los clientes garantías reales adicionales. Es decir, a hipotecar otros inmuebles distintos del hipotecado para garantizar la operación inicial. ¿Y si no los hay?

Sólo se me ocurre una cosa, dejar al abuelo en el banco, que le den una habitación y me lo mantengan, porque con su pensión es la única forma de garantizar a mayores que voy a pagar el préstamo concedido (por otra parte en los tiempos que corren si lo mantienen bien y sano, sale más barato que meterlo en una residencia).

Pero sólo de pensarlo se me crispan los nervios. ¿Cómo un gobierno que se dice progresista, ya no voy a hablar ni de siglas ni de ideologías, pretende facultar a empresas del sector privado como son las entidades financieras, a exigir con carácter retroactivo a sus clientes la necesidad de aportar garantías adicionales para una operación ya concedida hace tiempo?. Que no la hubiesen concedido en su momento. Ahora bien, cuando las entidades financieras ganaban año tras año beneficios incalificables de honestos, que rondaban todos los años más de un 25% que el año anterior, ¿quién se preocupó de la calidad del riesgo de las operaciones concedidas o de las garantía reales que avalaban dichas operaciones?

Realmente a que nos estamos enfrentando con este Decreto. Estamos frente a una actuación de los Poderes Públicos en campos de actividades empresariales privadas. ¿Intervino alguna vez el Estado para limitar los beneficios de las Entidades Financieras cuando las cosas iban bien? Creo que no. ¿Se intervino para limitar el precio de los intereses cobrados a los clientes? Creo que tampoco. Entonces ¿por qué ahora este intervencionismo público en una actividad que está regida por SA (Bancos) y Cajas de Ahorro? Que se persigue con este decreto, el bien social. ¿De quién? Me dice este decreto que una vez hipotecado por 35 años o en algún caso por 40, sujeto a las subidas continuas del tipo de interés que me suben la cuota, y soporto “religiosamente“, ahora porque le da la gana a la entidad financiera que me concedió la operación me puede solicitar que hipoteque nuevos bienes en garantía de la operación ya concedida.

Primero, me los hubiese solicitado en su momento cuando firmó la operación inicial.

Segundo, y si no los tengo, ¿me va a cancelar la operación que tengo abierta con ellos por no poder aportar más inmuebles en garantía.

Tercero, ¿y quién me dice a mi, el % de caída en el precio de la vivienda es el correcto?. Las tasadores, consabidamente aconchabadas con las entidades financiera.

Yo entiendo que se está produciendo un intervencionismo puro por parte del Estado, en situaciones que si no fuesen de crisis como la actuales, sería completamente ilegales realizarlas. Se están escudando en la crisis hipotecaria americana, para solicitar intervencionismo. ¿Estamos hablando de intervencionismo o de proteccionismo a la hora de obtener beneficios una empresa privada? Por esta regla de tres, cada empresa privada debería de solicitar al Gobierno que cuando un cliente no le pague, intervenga para que le garantice su cobro y sobre todo cuando se deriban de una errónea política comercial al conceder las operaciones laa entidades financieras, porque que yo sepa, el estado no obligó a ninguna entidad financiera a conceder préstamos sino quería.

En mi opinión, quien le exijan nuevas garantías y no las posea, debería de recurrir a la Ley Concursal como familia imposibilitada a hacer frente a sus pagos y que haga frente el ministro con su patrimonio, que avale él, Zapatero o algún otro ministro, no son ellos los que ahora quien obligar a algo que antes era inviable.

Es un intervencionismo total, es una intervención en el libre mercado, hecho por un “Gobierno Progresista” , con el único fin “social” del de garantizar las operaciones de riesgo que poseen os ricos, es decir, años se pasaron inflando la burbuja inmobiliaria y permitiendo beneficios de las entidades anuales que sonaban a “usura”, y ahora con este decreto lo que buscan es que realmente cobren de algún modo lo que en su momento dieron. ¿Dónde está aquí el riesgo empresarial? Garantizo la usura y aho
ra sino se cobra exploto a una familia y a todos sus ascendientes.

¡¡Era ya lo que faltaba!! Este Decreto es fomentar casi el “desfalco” a las familias con efecto retroactivo para garantizar los beneficios de los “ricos”, porque de hecho no conozco a ningún banquero que sea pobre y que años atrás no se haya beneficiado del sudor de muchos españoles.

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